El Artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que “los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos el día 3 de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección”.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- ¿Qué es lo que está pendiente por resolverse para que Claudia Sheinbaum Pardo deje de ser solo la candidata ganadora de los comicios por la presidencia de la República, del pasado domingo 2 de junio del 2024, y se convierta en presidenta Electa?
Hay tres recursos jurídicos promovidos por la oposición, en contra del resultado de los comicios presidenciales, que tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del 2024, para validar las elecciones que ganó la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y consecuente con esta determinación, declarar a la morenista presidenta Electa, para que tome posesión de su cargo el martes primero de octubre.
El Artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que “los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos el día 3 de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección”.
Son tres los recursos promovidos por la oposición que están en proceso de análisis: un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; un Juicio de Inconformidad contra el resultado de la elección presidencial presentado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como un segundo Juicio de Inconformidad, también contra los comicios de presidente de la República, promovido por el Partido Revolucionario Institucional.
Los agravios que argumenta la oposición en contra del resultado de las elecciones son los mismos en las tres impugnaciones presentadas: 1.- Violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda previstos en el artículo 134 de la Constitución federal. I.- Intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo Federal. II.- Intervención sistemática y reiterada de los titulares de los Ejecutivos locales en la elección presidencial y III.- Intervención sistemática y reiterada de órganos de Estado, servidores públicos y actores políticos relevantes en la elección presidencial.
También se reclama, entre los agravios principales, la intervención de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su calidad de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación, a favor de Claudia Sheinbaum Pardo. Igual se denuncia el presunto uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia para ejercer violencia electoral en contra de Xóchitl Gálvez; la supuesta coacción del voto de la ciudadanía; el uso indebido de programas sociales durante el proceso electoral para coaccionar y comprar el voto de la ciudadanía, así como la violencia generalizada y la intervención del crimen organizado durante el desarrollo del proceso electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral está integrada actualmente por cinco de siete magistrados. La preside la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, con quien hacen causa común los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Les enfrentan, en la disputa del poder y en el campo de las resoluciones, sus compañeros magistrados Janine Madeline Otálora Malassís y Reyes Rodríguez Mondragón, este último renunció a la presidencia del Tribunal Electoral en diciembre del 2023, por presión de sus tres compañeros que lo acusaron de irregularidades en la condución de esa instancia jurisdiccional.
En el párrafo quinto del Artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece que “para hacer la declaración de validez y de Presidenta o Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”.
Explica el referido artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que “en caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original”. En este supuesto, “mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención”. Este jueves 18 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral incorporó a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, presidenta de la Sala Regional Monterrey, para completar el cuórum de seis magistrados que exige la ley para la calificación de la elección presidencial.
En el proceso rumbo a la calificación de la elección presidencial hay fechas clave: el Artículo 58 de la Ley Geneal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que establece que “los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos el día 3 de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección”.
En tanto que la Fracción Segunda del Artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que una vez resueltas “las impugnaciones sobre la elección de Presidenta o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos […] la Sala Superior, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidenta o Presidente Electo respecto de la persona candidata que hubiese obtenido el mayor número de votos”.
